Los Presupuestos Generales de 2011 ya recogerán el copago de la sanidad
En marzo se producirá un pacto sanitario entre CC AA y
Gobierno central
(FIRMAS EN CONTRA)
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Urge reducir el gasto público. Hay que sanear las cuentas públicas, y que este saneamiento se haga contando con el sacrificio de todos. Decidido a hacer reformas en serio –estructurales- el Gobierno propondrá la de la sanidad. Una vez digerido por la opinión pública el sobresalto o disgusto de la reforma de las pensiones, se dispone a presentar el tercer gancho del tridente reformista –la reforma de la educación navega por pacíficas aguas de semiconsenso-, la de la sanidad. Un grupo de trabajo –que opera como siempre en estos asuntos en la sombra- formado por técnicos del Ministerio de Economía y de la Oficina para Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, tiene las cuentas hechas desde el verano pasado. Y parece que les sale muy bien -para el Presupuesto, por supuesto- aunque a costa de algún que otro sacrificio, como por ejemplo, que la sanidad dejará de ser totalmente gratis, y que a partir de los próximos Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social que se elaboren para el ejercicio 2011, la reforma ya contará con números propios.
Después de conocer el traspiés de Grecia y las amenazas privadas y públicas de diversas sociedades calificadoras, amén de las opiniones de otros organismos internacionales sobre los problemas de la economía española, el equipo económico de Salgado y Campa decidió que este es el momento adecuado para poner en marcha la segunda gran reforma económica, la de la sanidad. Y aunque en las próximas semanas se den a conocer algunos detalles sobre los puntos que puede abarcar una –también- próxima reforma del mercado laboral, la de la sanidad se pondrá en marcha antes del verano próximo, para lo que el Ejecutivo cuenta con que se podrá alcanzar el suficiente consenso para llevarlo a término.
Las cifras cantan y los mercados de capitales también. Suben los seguros de deuda de los países con mayores problemas económicos, y alguno de ellos, como Grecia, puede encontrarse con una situación desesperada a la altura de junio, cuando su presupuesto anual no llegue para pagar su sistema de sanidad. Y España lleva un camino similar al heleno.
El grupo de trabajo integrado por funcionarios y técnicos, tiene en su poder el informe que señala que las Comunidades Autónomas son incapaces de hacer frente a más del 40% de las facturas sanitarias, así que deudas y facturas se amontonan en varias habitaciones ante la falta de recursos para ser saldadas.
En Sevilla, han iniciado días atrás una interesante labor educativa. Comunicarán a los usuarios de servicios sanitarios el coste imputado al servicio consumido por el usuario, idéntico camino al realizado desde hace varias décadas en Suecia o en Francia. En el país vecino cada paciente contribuye con un 30% del coste del servicio sanitario en atención primaria, y aumenta esa contribución en otro tipo de consultas especializadas. El 30% es la aportación que en España realizan, únicamente, los funcionarios, pero no así los de régimen general, notablemente menor. En Suecia, por ejemplo, las visitas a urgencias disminuyeron un 64% desde el momento en que los pacientes tuvieron que comenzar a pagar 16 euros. La medida no fue acompañada por un aumento de la tasa de mortalidad, así que según los técnicos, la aplicación del sobrecoste se saldó con un éxito previsto. Al menos, así ocurrió en Suecia.
Así que el Gobierno, obligado para cumplir Maastrich, debe bajar su déficit público y su deuda pública hasta los límites marcados por esos acuerdos. Y la única vía para detener el déficit pasa por detener y recortar al gasto público, única forma también, para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario español. No se trata de que el Estado no podrá hacer frente a sus compromisos sanitarios a corto plazo, sino de que la sostenibilidad del ese sistema no será posible sin realizar una reforma en profundidad.
Esa profundidad pasa por un cambio en la relación de las aportaciones de empresas y particulares al régimen de la seguridad social. El actual sistema, para muchos considerado de copago, se transformará en un auténtico copago a la europea, un copago de verdad, caracterizado por una mayor carga –reconocimiento de costes- en el precio de los servicios sanitarios, que recaerán, y en eso consistirá la reforma, en el contribuyente o perceptor del servicio sanitario.
Las Comunidades Autónomas recibieron, muy contentas y con particular regocijo, hace unos años las transferencias de la sanidad, valorando en primer lugar que se trataba de competencias que les venían concedidas desde la Administración Central del Estado. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a comprobar que, como cualquier otro servicio público, la sanidad tiene también sus precios, de forma que en los servicios sanitarios nada es gratis, hay costes por todas partes; médicos, enfermeras, materiales, máquinas, tratamientos, inmuebles, y un largísimo etcétera, todo cuesta dinero y además con una sujeción extrema a la ley de la oferta y la demanda.
Un informe con el que trabaja el sector, señala que “en 2006 los españoles realizaron ocho visitas a su médico, un 40% más que la media europea”. Se asegura en el mismo informe que “el gasto farmacéutico per cápita es 40% mayor que el de Reino Unido, Portugal o Dinamarca… y que el 70% de las recetas se concentran en el 20% de la población exenta de pago”. Son sólo algunas de las cifras que, según los técnicos del ministerio de Economía, pueden ilustrar el estado de necesidad de una reforma sanitaria.
